El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso de revisión interpuesto por Bienes Nacionales, dejando firme una sentencia que condena al Estado dominicano al pago de 520.49 millones de pesos a favor de la empresa Hacienda Fondeur por la expropiación de terrenos en la provincia Samaná, según informó el periódico Diario Libre.
El litigio se remonta al año 2001, cuando mediante el decreto 598-01 se declaró de utilidad pública e interés social una porción de la parcela 3574 para el asentamiento de familias campesinas. En su momento, la empresa propietaria argumentó que los predios poseían vocación forestal y de reforestación, advirtiendo sobre posibles confusiones catastrales. Posteriormente, en 2005, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) confirmó la existencia de un asentamiento campesino oficializado en parte del inmueble.
Cronología del proceso judicial
Tras los reclamos formales de indemnización y la emisión del avalúo administrativo 167-24 por parte de la Dirección General del Catastro Nacional (DGCN) en septiembre de 2024, Hacienda Fondeur interpuso una demanda de justiprecio contra el Estado, Bienes Nacionales y el IAD el 22 de noviembre de ese mismo año.
El 6 de mayo de 2025, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió parcialmente la solicitud y ordenó el pago de 515,491,872 pesos por una superficie de 1,536,179.25 metros cuadrados —equivalente a unos 335.57 pesos por metro cuadrado—, sumando además cinco millones de pesos por concepto de daños y perjuicios.
Decisión del Tribunal Constitucional
Ante el fallo del TSA, la Procuraduría General Administrativa interpuso un recurso en representación del Estado y de las entidades involucradas, mientras que Bienes Nacionales presentó otra acción por separado ante la Suprema Corte de Justicia.
El proceso llegó al Tribunal Constitucional, el cual dictó su rechazo el pasado 1 de octubre de 2026. El alto tribunal determinó que la institución recurrente no fundamentó de manera concreta la vulneración a sus derechos fundamentales, aclarando que la instancia no entró a valorar nuevamente el precio de los terrenos ni a recalcular el monto de la indemnización fijada por los tribunales ordinarios.
