El abogado Yan Carlos Martínez afirmó que la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Millys Johanna Martínez Morillo, debió ser arrestada en el acto y remitida al Ministerio Público tras haberse esposado deliberadamente junto al ciudadano que agentes de la Policía Nacional intentaban procesar en Elías Piña.
De acuerdo con el jurista, la actuación de la legisladora y de las personas que impidieron la labor de los uniformados califica jurídicamente como un delito flagrante. En ese sentido, puntualizó que tanto Martínez Morillo como quienes participaron en la obstrucción actuaron en calidad de coinfractores, por lo que aún pueden ser perseguidos penalmente por las autoridades competentes.
Tipificación penal e improcedencia de la inmunidad
Martínez explicó que la acción material y deliberada de colocarse las esposas junto al detenido encuadra en varias infracciones sancionadas por el Código Penal vigente, entre ellas rebelión (artículo 312), desacato (artículo 315) y usurpación de funciones (artículo 316).
Asimismo, el profesional del derecho enfatizó que la inmunidad parlamentaria contemplada en el artículo 86 de la Constitución dominicana no aplica en este escenario, recordando que dicha prerrogativa no cubre situaciones de delito flagrante.
Respecto a posibles excesos policiales, el jurista aclaró que una supuesta irregularidad en el arresto de un ciudadano no otorga derecho a particulares ni a legisladores a tomar la justicia por su propia mano. Subrayó que el Código Penal contempla los mecanismos legales para sancionar el arresto ilegal a partir de su artículo 165, y que la revisión de la legalidad de cualquier detención corresponde de forma exclusiva a los jueces y al Ministerio Público.
Límites del poder legislativo y respaldo institucional
El abogado recalcó que ni la Carta Magna ni las leyes confieren a los miembros del Congreso facultad de mando sobre la Policía Nacional. «Un legislador carece de autoridad legal para detener el trabajo de un cabo, mucho menos de un oficial superior», sostuvo, calificando el episodio como un mal precedente donde una autoridad legislativa actuó fuera de su ámbito de competencia para entorpecer las labores de otra institución.
Finalmente, Martínez cuestionó la postura de la dirección policial y de su vocería frente a lo ocurrido, señalando que la jefatura debió brindar un respaldo público contundente a los agentes actuantes. A su juicio, el silencio institucional ante este tipo de transgresiones debilita la cadena de mando y compromete la capacidad operativa de los miembros de la institución del orden.
La diputada y quienes impidieron el procedimiento debieron ser arrestados en flagrancia; rebelión, desacato, y usurpación de funciones; improcedencia de la inmunidad parlamentaria. La acción de la diputada Millys Johanna Martínez Morillo, al esposarse deliberadamente junto al
