Santo Domingo. Los trabajadores dominicanos arriban a este primero de mayo con la encrucijada de si perderán o no algunas de sus principales conquistas ante las virtuales reformas que sufrirá el Código de Trabajo local impulsadas por el sector empleador, que alega razones de competitividad para realizarlas.
Los temores están fundamentados, alegan los dirigentes sindicales, en las supuestas pretensiones de los empresarios de reducir a su mínima expresión las prestaciones laborales con su propuesta de eliminar la cesantía, aumentar las horas de trabajo continuas, modificar a su antojo los horarios y reducir el tiempo de puerperio.
Estas «amenazas» han recibido el rechazo unánime de los principales sindicatos dominicanos, que consideran inaceptables los intentos de lesionar sus «derechos adquiridos» y quienes han reiterado la «imposibilidad» de que los cambios pretendidos por los empleadores sean sancionados por el Congreso Nacional (bicameral).
Los empleadores, en cambio, plantean la conveniencia de los cambios al Código Trabajo en el supuesto de que los mismos contribuirán a la creación de «empleos formales y de calidad» y a la mejora de la «competitividad» del país ante los retos globales.
El Gobierno dominicano designó el año pasado una comisión especial que persigue alcanzar un consenso sobre los puntos a modificar.
De hecho, el propio presidente del país, Danilo Medina, dijo hace varias semanas que solo enviará al Congreso un proyecto de modificación tras el arribo de acuerdos entre los sectores en conflicto.
Sin embargo, y tras largas y continuas reuniones, empresarios y trabajadores no logran ponerse de acuerdo, y cada uno ha presentado sus consideraciones por ante la comisión, lo que ha de suponer que la última palabra la tendrá el Ejecutivo y, eventualmente, los legisladores.
El punto de mayor discusión parece ser el de la cesantía, que brinda al trabajador el beneficio de una compensación económica al momento del despido en base a los años de servicio, y que los patronos consideran «lesiona» el patrimonio de muchas empresas.
Además, enfatizan que la cesantía representa para ellos una doble carga económica, porque a la hora del retiro los trabajadores recibirán pagos a través de las pensiones que por ley les asegura la seguridad social, sostenida por los aportes mayoritarios de las empresas.
Las organizaciones empresariales plantean eliminar la cesantía a futuros empleados, manteniendo ese derecho quienes estén trabajando al momento de modificarse la ley de trabajo.
Los argumentos patronales se extienden a disposiciones del Código de Trabajo como la que obliga a las empresas a desprenderse de los montos a las que hayan sido condenadas en un tribunal laboral de primera instancia, mientras se conozca un fallo en apelación.
También, legitiman sus propósitos de extender los horarios en las fábricas hasta las 12 horas continuas, así como de cambiar el horario de trabajo de acuerdo a los intereses de las empresas, que de hecho esto se produce desde hace muchos años en el país.
Todo esto en aras de mejorar la producción y con ello contribuir supuestamente al aumento del empleo formal de una economía que, aunque en constante crecimiento, sus bonanzas no se traducen en una mejor distribución de las riquezas, tal y como afirman organismos internacionales.
Estos puntos son rebatidos por los trabajadores, que consideran que las reales intenciones de los empresarios es eliminar de un «plumazo» sus beneficios, ya que tradicionalmente los patronos «nunca» se han interesado por la suerte de sus empleados, y alegan los «salarios de miseria» que devenga la clase obrera.
Hasta ahora, los sindicatos parecen contar con el apoyo de gran parte de los políticos y de muchos legisladores que aseguran no darán su respaldo a «ninguna modificación» al Código de Trabajo que resulte en detrimento de los trabajadores.
Ante esas posiciones «irreconciliables» habrá que esperar la postura del Gobierno, cuyos más altos funcionarios han explicado que con la modificación al Código de Trabajo se busca obtener un «documento moderno, alineado con el derecho internacional, que promueva el empleo formal y garantice los derechos laborales».EFE
