A cuatro meses de iniciar la audiencia preliminar contra el empresario de transporte de carga Blas Peralta y otros tres imputados de la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, la Fiscalía del Distrito Nacional ni siquiera ha podido presentar acusación por los múltiples incidentes de la defensa.
Indica el periódico El Nacional que por novena vez es aplazada la audiencia, hoy porque el abogado de Peralta, Francisco Taveras, presentó una excusa al tribunal porque alegadamente se realizaba un estudio médico en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT).
Esta mañana la esposa del exrector, Rita Solís, exigió al Sexto Juzgado de la Instrucción agilizar el conocimiento del juicio que se sigue a Blas Peralta y otros tres imputados por la muerte de su marido.
El abogado de la familia Febrillet José Parra calificó la ausencia del abogado como una estrategia más de la defensa para entorpecer el proceso, “porque ellos pretenden alargarlo lo más que se pueda para evitar que los imputados vayan a un juicio de fondo”.
“Esa es una debilitad del sistema de justicia porque este caso no ha concluido por falta de disposición del juez que conoce el caso, porque él debió culminarlo y darle el tiempo propicio para que ellos presenten sus argumentos”, dijo Parra.
En tanto, la esposa del Febrillet, Rita Solís pidió al juez Rigoberto Sena agilizar el proceso y advirtió que no desmayará reclamando que se haga justicia en el caso.
¿El acuerdo entre Blas Peralta y el Gobierno?
El Ministerio Público acusa a Blas Peralta, Rafael Herrera Peña, Geraldo Félix Bautista Mena y Franklin Alejandro Venegas Rivas de la muerte de Mateo Aquino Febrillet el pasado 11 de marzo.
Los cuatro son imputados de homicidio voluntario, asociación de malhechores y porte de arma ilegal. El pasado 5 de noviembre, Peralta fue trasladado a Haras Nacionales, debido a que presentaba un cuadro médico delicado. Su traslado causó un fuerte rechazo, por lo que horas más tarde, la Procuraduría ordenó que se revirtiera la medida.
