Ángel Rondón Rijo, principal encartado en el caso de corrupción Odebrecht en la República Dominicana, dijo este lunes que es necesario evitar que en dicho proceso judicial prevalezca “el populismo penal”, el cual, según explicó, consistiría en una visión sesgada del conocimiento del expediente.
En un documento producido junto a sus abogados, el empresario advierte que el “populismo penal” puede socavar y corroer la vigencia del estado de derecho que rige en el sistema democrático de la República Dominicana.
Indica el periódico El Nuevo Diario que Rondón Rijo dirigió un documento al juez que lleva el caso, Francisco Ortega Polanco, de la Suprema Corte de Justicia, en el que hace una serie de consideraciones sobre una solicitud de Francisco (Pancho) Álvarez, quien a nombre de Participación Ciudadana, reclama a la SCJ la entrega de copias de todos los escritos y las pruebas que envuelve el expediente.
En sus argumentos, plantea que el pedido que ha hecho Pancho Álvarez y Participación Ciudadana, es “inusual”, dado el hecho de que ambos no son parte del proceso que se lleva a cabo en los tribunales.
Apunta que su preocupación se origina en el interés de que la audiencia se mantenga libre de contaminación mediática, a sabiendas de que dicha contaminación tiene la capacidad de desviar el sano propósito de una sana administración de justicia.
En ese sentido, Rondón Rijo instó al juez Ortega Polanco a examinar el ordenamiento constitucional y procesal para determinar si procede o no la entrega de los documentos que ha solicitado el referido movimiento cívico.
Señala que resulta inquietante que PC y Pancho Álvarez muestren tanto interés en auditar el progreso de un proceso penal que está en manos de la SCJ, en nombre de “una supuesta cruzada contra la corrupción y la impunidad”.
“Sin embargo, el señor Álvarez y la institución que él representa no han mostrado el mismo interés ante acontecimientos más graves y amenazantes de la independencia jurisdiccional, como sería la suspensión indiscriminada de jueces sin disfrute de sueltos, sin juicio previo y sin reglas claras del debido proceso en materia disciplinaria”, plantea.
Finalmente, Ángel Rondón y sus abogados se hacen varias de interrogantes, como son, ¿Cuál es la verdadera finalidad del solicitante? ¿Acaso se trata de tener acceso a los datos fundamentales del proceso para colaborar con la sana edificación de la opinión pública?
Otra pregunta: O por el contrario, ¿su real propósito es hacerle saber al juez que existen factores de poder en el ámbito extrajudicial que están auditando de cerca su desempeño jurisdiccional, generando de ese modo una atmósfera de chantaje con el propósito de limitar su independencia e imparcialidad, logrando así influir en los resultados del proceso, en función de sus intereses, sin importar la verdad de los hechos o el mandato de la Ley?
Los abogados que asumen la defensa de Ángel Rondón, y por consiguiente endosan el referido documento, son, José Miguel Minier Almonte, José De los Santos Hiciano, Guillermo García Cabrera, Emery Colomby Rodríguez Mateo e Ignatz Freund Madera.
