El doctor Carlos Salcedo, abogado del expresidente del Senado, Andrés Bautista, aseguró hoy que las nuevas revelaciones del caso Odebrecht, realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, no influyen en nada en su defendido porque son hechos que tienen que ver con comportamientos y conductas realizados con posterioridad a la presencia de este en el Senado de la República.

“Porque dejó de ser senador en el año 2010, y mucho más en el año 2006 cuando dejó de ser presidente del Senado, por lo tanto, las nuevas revelaciones no tienen ningún nivel de influencia para mi defendido de manera particular”, expresó Salcedo.



Destacó que tal y como él lo argumentó, el propio juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco rechazó la asociación de malhechores, por lo tanto, las imputaciones son particulares para cada uno de los imputados que están en el proceso y para los acusados ahora enviados a juicio.



El presidente del Consejo de Defensa de Bautista entiende que las nuevas revelaciones podrían tener eventualmente algún tipo de consecuencias en relación con cualquier otro de los imputados, debido a las pruebas que pudieran surtir o reunirse en el proceso de investigación, que a su juicio podría ser serio y objetivamente realizado por un Ministerio Publico del que espera enderece los niveles de arbitrariedad y de abuso que ha exhibido durante todo el proceso.

Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7, el abogado precisó en otro orden, que el debido proceso es una sombrilla que protege el derecho de defensa y otros principios cardinales del proceso penal, y que evidentemente en una audiencia preliminar no están exentos de protección estos derechos y principios.

Dijo que el principio de oralidad es una consecuencia del principio acusatorio, es decir, el juez no puede fallar de oficio, no puede suplantar a las partes del proceso porque debe darse en un ambiente de contradicción, que es otro de los principios, pero de manera oral en el proceso penal.

Salcedo informó que artículo 312 del Código Procesal Penal establece las excepciones a la oralidad y cuáles documentos pueden entrar en el proceso por su lectura. “Dentro de las excepciones no se encuentran las delaciones premiadas”.

Establece también no ha lugar a la entrada de las delaciones premiadas como documento.

El destacado jurista dijo además, que se viola la oralidad porque cuando hay un interrogatorio, que ha sido practicado en el proceso de investigación, la única forma de controvertir eso es si hay un testigo que ha sido indicado, con el cual se pueda contrarrestar la veracidad frente a la defensa; al no hacerlo el juez se llevó de encuentro el debido proceso.

Destacó que la oralidad es un principio cardinal esencial en todo proceso penal.

En tanto, el jurista indicó que confía en el sistema de justicia del país, a pesar de los desvaríos del juez de la instrucción, que a él le han sorprendido. “A pesar de que había habido algunos atisbos… señales de humo durante el proceso, de que el juez estaba condicionado y de que podría estar en juego su imparcialidad, y por eso las recusaciones que fueron objetivas amparadas en la norma”.

En ese sentido, manifestó que el Artículo 78 numeral 6 establece en el Código Procesal Penal que cuando el juez ha conocido una etapa anterior, y este juez Ortega Polanco conoció de la medida de coerción, está imposibilitado de conocer otra etapa o fase del proceso.

Explica que cada una de las recusaciones, y de manera particular las atinentes a Bautista García, realizadas en el marco de lo que establece estrictamente la norma, fueron rechazadas por la Suprema Corte de Justicia, pero eso no quiere decir que en este momento el pleno de la Suprema Corte de Justicia no se comporte en respeto a la independencia y la imparcialidad, que esta última es la consecuencia de la independencia del Poder Judicial.

Agregó que confía en que el pleno de la Suprema Corte de Justicia y la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia enderecen los “entuertos” para poder devolverle la credibilidad al sistema de justicia de la República Dominicana, que tantos cuestionamientos tiene en la actualidad.