El presidente Luis Abina­der suspendió anoche de manera provisional y sin disfrute de sueldo a ocho funcionarios por no haber presentado su declara­ción jurada de bienes co­mo lo indica la Ley 311-14.

Mediante el Decreto 525-20, Abinader dispu­so la suspensión de Fa­ruk Garib Arbaje, vice­ministro de Agricultra; José Miguel Cordero Mo­ra, también viceministro de esa misma institución; Aníbal Díaz Belliard, direc­tor operativo de la Presi­dencia; Cecilio Rodríguez Montás, director ejecuti­vo del Instituto de Bienes­tar Estudiantil, y Francisco Cantizano Nadal, director del ceremonial de Estado del Ministerio de Relacio­nes Exteriores.



También fueron suspen­didos Simeón Fabián Ra­mírez Cruz, director ejecu­tivo del Proyecto Cruz de Manzanillo; Kohuris Hen­ríquez Disla, director gene­ral de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios, y Ana María Henríquez Disla, directora ejecutiva del Consejo Nacional de In­vestigaciones Agropecua­rias y Forestales.

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Abinader había dicho que los funcionarios que no hayan hecho sus declara­ciones juradas de bienes quedarían suspendidos en sus labores públicas por violar la Ley 311-14.

“Todos los ministros lo declararon, todos los directores generales lo declararon; y ya saben que es un periodo de 30 días.

El que no lo declare estará suspendido”, aseguró el mandatario.

Según indica Dalton Herrera en el Listin Diario, el presiden­te de la Cámara de Cuen­tas, Hugo Álvarez Pérez, habría notificado ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) los ca­sos de 1,700 funcionarios del gobierno central que no presentaron su declara­ción jurada de bienes.

La promesa del Jefe de Estado de suspender a cualquier integrante de su gobierno que no presenta­ra su declaración de bie­nes fue hecha a finales del mes de agosto de este año.

Abinader aseveró que si en un periodo de tres semanas, posterior al vencimien­to de la fecha de entrega, no se entregaba la declara­ción, entonces ese funcio­nario sería destituido.

En ese entonces la fecha final para hacerlo era el 15 de septiembre, sin embargo la Cámara de Cuentas dio un plazo para recibir la documentación hasta el 28 de septiembre, tras va­rias quejas de mal funcio­namiento de su portal di­gital.