El gobierno de Joe Biden propuso este martes nuevas restricciones al acceso al asilo de los migrantes en la frontera con México, obligándoles a solicitarlo en países por los que transitan o a pedir cita en línea, una política similar a la de Donald Trump, según las oenegés.
El expresidente republicano Trump intentó activar en 2019 una medida para impedir que las caravanas que llegaban de Centroamérica entraran en Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron.
La nueva regla, sujeta a 30 días de comentarios, entraría en vigor cuando el 11 de mayo se levante el Título 42, una norma sanitaria activada por Trump en 2020 con la finalidad declarada de frenar la pandemia de covid-19 y que permite bloquear a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los migrantes no serán aptos para el asilo a no ser que cuenten con una autorización, hayan usado la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada(salvo si pueden demostrar que era imposible por una barrera del idioma, analfabetismo, fallo técnico…) o se les denegó el asilo en un país de tránsito.
Los niños no acompañados también estarían exceptuados de la presunción de «inelegibilidad de asilo».
Hay más excepciones, como las «emergencias médicas agudas» o las «amenazas extremas e inminentes a su vida o seguridad».
El gobierno del presidente demócrata Biden afirma que es el único medio que tiene para lidiar con la migración en la frontera, porque el Congreso no se pone de acuerdo sobre una política migratoria.
– «Desorden masivo» –
Los republicanos le acusan de haber perdido «el control efectivo de la frontera», que en diciembre intentaron cruzar un promedio de 8.500 migrantes por día, la mayoría de ellos con la intención de pedir asilo.
«Esta administración no permitirá el caos y el desorden masivo en la frontera porque el Congreso no actuó», dijo este martes un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.
Las nuevas reglas ya se vienen aplicando para cupos de migrantes de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Según el DHS hasta el 17 de febrero más de 26.000 cubanos, nicaragüenses y haitianos recibieron autorización de viaje y miles de venezolanos (con acceso al programa desde octubre de 2022) ya han llegado. Un total de 33.800 solicitudes de venezolanos «han sido examinadas» y recibieron luz verde a finales de enero, informa el DHS.
Las autoridades estadounidenses constatan un descenso del «97%» en el número de migrantes procedentes de estos cuatro países entre el 5 y el 31 de enero.
«Estamos fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a Estados Unidos, al mismo tiempo que proponemos más consecuencias para aquellos que no utilicen los procesos que Estados Unidos y sus socios regionales han puesto a su disposición», afirma el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado.
Según el gobierno se trata de «una medida de emergencia» para responder al esperado aumento del número de migrantes en cuanto se levante el Título 42 y está prevista «para una duración temporal». No especifica qué la sustituiría.
– Trump con otro nombre –
Los grupos defensores de los migrantes pusieron el grito en el cielo.
El Congreso creó leyes para garantizar que aquellos que huyen de la persecución «tengan la oportunidad de buscar seguridad en Estados Unidos, independientemente de cómo tengan que huir del peligro o entrar al país», afirmó Anu Joshi, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
«Esta prohibición de asilo es, en esencia, la prohibición de asilo de Trump con otro nombre», añadió.
Abby Maxman, presidenta de Oxfam América, coincide en que «cerrará la puerta a innumerables refugiados». En su opinión «es ilegal, inmoral y tendrá un costo humano aterrador».
El DHS se defiende diciendo que «como nación de leyes y nación de migrantes, esta regla propuesta garantiza el cumplimiento de las leyes migratorias» y «el acceso al asilo».
En cualquier caso «decepciona» a parte de su Partido Demócrata.
«Estamos profundamente decepcionados de que la administración haya optado por seguir adelante» con esta medida debido a que «solo perpetúa el mito dañino de que los solicitantes de asilo son una amenaza para esta nación», se quejaron varios congresistas en un comunicado.
