Los juristas Francisco Franco y Julio Cury respaldaron el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que recomienda acusar políticamente a los cinco miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Sostuvieron que, al momento de su designación, se creyó que dicho órgano ejercería sus funciones con competencia y probidad, pero que resultó todo lo contrario, pues además de ser piedra de permanentes escándalos.
Señalaron que toda comunidad humana debe refrenar las tendencias anarquistas y moverlas detrás de los diques de la ley, por lo que eran imperioso, en su opinión, “desaprobar la embriagada y dolosa actuación del Pleno de la Cámara de Cuentas”. Cury adujo que no resultaba saludable para el sistema que ese órgano fuese presidido por una persona a la cual “el rumor público sindica como socialmente resentido, que concibe los resortes del poder como arietes para vengar complejos personales, que agrede sexualmente a empleadas, según querella presentada en su contra, y, aún peor, que tres de sus pares lo señalen como autor de actos violencia de género”.
Explicó que, en cierto modo, la indagatoria concluida era la fase del proceso más espinosa. “Ahora se presentará el informe ante la Cámara de Diputados; si se aprueba, se enviarán los cargos al Senado, bajo forma de acusación, que a su vez deberá fijar fecha para la apertura del juicio, transformándose en tribunal. Durante el proceso, los acusados podrán comparecer personalmente y hacerse asistir de abogados, y al finalizar, lo cual puede demorar semanas, las dos terceras partes de la matrícula del Senado vota, ya condenando, ya descargando”, aclaró Cury.
De su lado, Franco especificó que la sanción, en caso de condenación, consistiría en la destitución de los cargos ocupados y en la inhabilitación para ejercer ninguna otra función pública durante 10 años. “El juicio político, aunque no es exactamente un paso previo, colocaría en estado de acusación penal al funcionario sometido si los actos graves por los que se le juzga configuran algún ilícito penal, en cuyo caso sería perseguido por ante los tribunales ordinarios, pues con la destitución pierde el privilegio de ser juzgado por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en instancia única”, afirmó.
Dijo que la decisión es legislativa, jurídica y políticamente correcta. “Es un intento de reconducir al órgano y colocarlo en el sendero de la transparencia e institucionalidad que había abandonado la actual conformación del Pleno de la Cámara de Cuentas”, acotó. El pasado sábado, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para investigar a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, la cual presidió Rogelio Genao Lanza, dio a conocer en una declaración de prensa que comprobó que los mismos incurrieron en faltas graves colectivas e individuales, por lo que le recomendó a la cámara baja que acusara políticamente a los cinco integrantes del órgano fiscalizador.
