Los enfrentamientos entre bandas que continuaban este viernes en Haití en uno de los barrios más grandes de la capital, Puerto Príncipe, provocaron el cierre de un hospital y víctimas civiles, según la oenegé Médicos sin Fronteras (MSF).

Al inicio de la semana, la muerte de un líder de la coalición de pandillas G9 desencadenó un nuevo ciclo de violencia en Cité Soleil, la barriada más grande del país.



Desde el lunes, MSF reporta que ha atendido a unas cincuenta personas heridas en ese sector donde residen «varios cientos de miles» de personas pero también donde «drásticamente la violencia redujo la disponibilidad de servicios médicos», según un comunicado de la oenegé.

De acuerdo con Enock Joseph, un pastor de la zona interrogado por la AFP, en los actos de violencia han muerto civiles y miembros de pandillas.



«Delincuentes murieron por enfrentamientos con la policía» el jueves, y, «muy molestos» por estas pérdidas frente a las autoridades «los bandidos armados se vengaron con civiles la noche del jueves», indicó.

«Incendiaron varias casas y ejecutaron a residentes locales, en particular a una joven de 16 años a la que acusaron de ser informante de pandillas rivales», agregó el pastor.

El servicio de urgencia que atiende MSF en el corazón de la Cité Soleil es «el único establecimiento de salud que funciona en la zona luego del reciente cierre del hospital Fontaine por plazo indefinido», destacó la oenegé el viernes.

El hospital Fontaine fue totalmente evacuado el miércoles luego de que violentos choques entre pandillas se dieron frente a las puertas del centro médico, explicó su director.

Haití, un pequeño estado insular del Caribe, es presa de la violencia armada de pandillas, que controlan el 80% de la capital, con cifras récord de criminalidad y delitos, según la ONU.

Frente a esta crisis humanitaria, el Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde a inicios de octubre para una misión multinacional dirigida por Kenia para ayudar a las autoridades de policía de Haití, aunque dicho despliegue, aprobado el jueves por el parlamento keniano, sigue suspendido por una decisión de la justicia en Nairobi.