SANTIAGO — El Primer Tribunal Colegiado de esta demarcación dictó la pena máxima de 30 años de prisión contra Pedro Samuel Fernández Sánchez, tras hallarlo culpable de intento de asesinato y violencia de género e intrafamiliar agravada en perjuicio de su expareja sentimental.
Los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos acogieron en su totalidad el expediente presentado por el Ministerio Público, que demostró la premeditación y alevosía con la que actuó el procesado durante el ataque ocurrido en marzo de 2024.
Detalles del ataque y premeditación
Según el relato de la fiscal litigante Reyna Jiménez, Fernández Sánchez estructuró un plan de vigilancia y persecución que incluyó el alquiler de un vehículo marca Honda CRV para pasar desapercibido.
El día del evento, el agresor interceptó a la víctima frente a una concurrida repostería de Santiago, lugar donde la mujer laboraba. Tras proferir una advertencia, le realizó un disparo en el rostro con un arma de fuego ilegal y huyó de la escena. La agresión física dejó secuelas permanentes de desfiguración facial y graves daños psicológicos, según certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Pruebas y tipificación legal
La investigación, dirigida por la fiscal Niovy Gómez, se sustentó en un robusto conjunto de pruebas que incluyó:
- Material audiovisual: Videos de cámaras de vigilancia que captaron el momento del crimen.
- Evidencia digital: Capturas de conversaciones donde el procesado manifestaba sus intenciones a la víctima, amigos y familiares.
- Pruebas materiales: El arma de fuego ilegal utilizada y el vehículo rentado para el asedio.
El tribunal determinó que el encartado violó múltiples artículos del Código Penal Dominicano (2, 295, 296, 297, 298, 302, 309-1, 309-2 y 309-3), modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.
Sanciones civiles y decomiso
Además de la condena privativa de libertad, el tribunal impuso a Fernández Sánchez el pago de una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la víctima. Asimismo, los jueces ordenaron el decomiso de todas las pruebas materiales vinculadas al proceso.
Con este fallo, el sistema de justicia de Santiago cierra un caso que generó conmoción pública por el grado de vigilancia y asechanza ejercido por el condenado antes de intentar consumar el feminicidio.
