Santiago. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago declaró de tramitación compleja el caso denominado Operación Onco14 e impuso 18 meses de prisión preventiva a los principales cabecillas de una estructura criminal. La red está acusada de desvalijar el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, afectando directamente las operaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes vulnerables y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La jueza Stephanie Santiago Reyes acogió en su totalidad la solicitud del Ministerio Público, ordenando el cumplimiento de las medidas de coerción de forma inmediata.
El desglose de las medidas de coerción
El tribunal dictó diferentes medidas de acuerdo con el nivel de implicación y la postura asumida por los encartados durante el proceso:
- Héctor Antonio Lora Cruceta: Expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC. Deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres.
- Luisa Yasiris Guzmán: Esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida. Se le impusieron 18 meses de prisión preventiva en el CCR Rafey Mujeres.
- Dilcia Isabel Vargas Sánchez: Exesposa de Lora Cruceta, exvicepresidenta y auditora interna/externa del patronato. Se le dictó arresto domiciliario. El Ministerio Público aclaró que, aunque no existe un acuerdo formal de cooperación, se flexibilizó la solicitud debido a que la imputada admitió su responsabilidad frente a los hechos.
El «catálogo» del fraude: ¿Cómo operaba la red?
Según la investigación coordinada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), los procesados utilizaban las razones sociales Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD como fachadas para desviar sumas millonarias.
El órgano persecutor presentó un robusto expediente pericial que detalla un catálogo de maniobras ilícitas:
- Fraude clínico y farmacéutico: Alteración de indicaciones médicas y uso de sellos médicos falsos para validar procesos.
- Crueldad contra los pacientes: Venta de medicamentos que habían sido donados de forma gratuita, entrega incompleta de tratamientos oncológicos y tráfico de sustancias controladas.
- Estafa financiera masiva: Doble facturación al SeNaSa por servicios y fármacos no suministrados, contrabando mediante el uso ilegal de exoneraciones fiscales y lavado de activos.
- Uso insólito de las instalaciones: Utilización de las habitaciones del propio instituto oncológico para realizar cirugías estéticas privadas.
- Despilfarro institucional: Autoasignación de salarios exorbitantes, viáticos ilegítimos, reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles de lujo, además de sabotaje digital y robo de archivos para borrar evidencias.
El Ministerio Público advierte: «Habrán más imputados»
A la salida del tribunal, la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la PEPCA, resaltó la contundencia de las pruebas presentadas en conjunto con el procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu.
“El tribunal ha reconocido que la solicitud de medida de coerción es bastante robusta, que ha aportado pruebas más que suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos. Seguiremos investigando, habrán más imputados”, enfatizó Ortiz.
Las autoridades confirmaron que la red también recurría al soborno de distribuidoras de medicamentos para garantizar la permanencia del esquema fraudulento, por lo que las líneas de investigación permanecen abiertas para identificar a otros cómplices en el sector salud y farmacéutico.
