El Gobierno dominicano y el sector exportador enfrentan un nuevo escenario de incertidumbre luego de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un arancel adicional de 12.5% sobre la totalidad de los productos originarios de República Dominicana. La medida entró en vigor de forma inmediata el 24 de julio de 2026 y ya genera reacciones cautelosas tanto en el Ejecutivo como en los gremios empresariales, que apuestan al diálogo y a una estrategia conjunta frente a su principal socio comercial.
Los sectores más expuestos
Un análisis elaborado por la firma consultora Naut & Associates identificó como los rubros más afectados a los instrumentos y aparatos médicos, los cigarros, los disyuntores, la joyería, las camisetas, los equipos de electrodiagnóstico, las preparaciones farmacéuticas, los artículos plásticos y el cacao en grano.
Según el estudio, el sector textil de zonas francas resulta estructuralmente el más vulnerable, ya que quedó ubicado en la categoría del 12.5%, mientras que competidores directos como Guatemala, El Salvador y Honduras mantienen una tasa preferencial del 10%, lo que crea una desventaja competitiva adicional para las confecciones dominicanas.
En el caso de los dispositivos médicos —el rubro con mayor valor expuesto— gran parte de la producción opera bajo esquemas de manufactura por contrato para multinacionales, lo que facilitaría trasladar el costo dentro de sus cadenas de suministro. Sin embargo, el informe advierte sobre un riesgo a mediano plazo: que nuevas líneas de producción terminen relocalizándose hacia países con arancel de 10%, como México, si la diferencia se mantiene.
El tabaco premium dominicano, por su parte, ya venía absorbiendo alzas arancelarias sucesivas desde 2025. El nuevo incremento presionará aún más los márgenes de fabricantes locales e importadores estadounidenses, en momentos en que Honduras sí calificó para la tasa reducida del 10%.
Riesgos que van más allá del arancel
Katrina Naut, presidenta de Naut & Associates Consulting Group y experta en comercio internacional, advirtió sobre varios riesgos de segundo orden derivados de la medida: la posible fuga de inversión extranjera directa hacia zonas francas de países con arancel de 10% o menos; la presión sobre el empleo formal, especialmente en dispositivos médicos y confecciones —los subsectores que concentran la mayor parte de los puestos de trabajo en el régimen de zonas francas—; y un daño reputacional, ya que República Dominicana quedó agrupada junto a otras 53 economías señaladas por no aplicar de forma efectiva una prohibición sobre bienes producidos con trabajo forzoso.
Este último punto podría traducirse en mayor escrutinio de debida diligencia por parte de compradores estadounidenses y en un aumento de las órdenes de retención por parte de la Aduana de Estados Unidos (CBP), independientemente del efecto arancelario en sí.
Una desventaja frente a otros países
El análisis subraya que la diferencia de 2.5 puntos porcentuales frente a competidores centroamericanos y de otros orígenes —como México, Bangladesh, Camboya, India, Indonesia y Jordania— se agrava porque República Dominicana no cuenta con ningún mecanismo de exención sectorial bajo el DR-CAFTA, beneficio del que sí disfrutan Guatemala y El Salvador.
Un hallazgo clave del informe es que el país no logró un anexo de exenciones específico, algo que sí obtuvieron doce economías o bloques —entre ellos Reino Unido, la Unión Europea, Suiza, Malasia, Camboya, Guatemala, El Salvador, Argentina, Bangladesh, Taiwán, Indonesia, Ecuador y Jordania— tras un proceso de comentarios y audiencias públicas.
La firma consultora señala que esto sugiere que República Dominicana no habría presentado, o no habría logrado que le reconocieran, una propuesta de compromiso bilateral equivalente antes de que cerrara el proceso, el 23 de julio de 2026.
Qué originó la medida
El arancel adicional es resultado de 60 investigaciones abiertas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de Estados Unidos, que concluyeron que 54 economías —incluida República Dominicana— no imponen ni aplican de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
Impacto esperado en la economía
El estudio proyecta que el arancel elevará el costo de entrada de los productos dominicanos al mercado estadounidense. Dependiendo de la capacidad de cada exportador para trasladar ese costo, el efecto podría traducirse en precios más altos para el consumidor final en Estados Unidos —con el consiguiente riesgo de perder mercado frente a competidores con arancel más bajo—, en una reducción de los márgenes de ganancia de las empresas exportadoras dominicanas y sus contrapartes estadounidenses, o en una combinación de ambos escenarios, según el poder de negociación de cada sector.
La reacción del sector privado
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) pidieron cautela, señalando la necesidad de evaluar el alcance real de la medida y trazar una estrategia nacional que proteja la competitividad del país y la confianza con sus socios comerciales.
La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) calificó la situación como un nuevo reto para el comercio internacional y llamó a enfrentarlo con serenidad, coordinación entre los sectores público y privado, y una estrategia clara.
Por su parte, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) expresó preocupación, indicando que este tipo de disposiciones genera incertidumbre en el comercio internacional y puede afectar la competitividad de economías —como la dominicana— fuertemente integradas a las cadenas regionales de suministro. El gremio insistió en la necesidad de precisar el alcance de la medida, identificar posibles excepciones y medir sus implicaciones para un sector que consideran un aliado estratégico de Estados Unidos.
