La férrea oposición a las reformas del sistema sanitario contempladas en la Ley 87-01 responde fundamentalmente a una pugna de poder por el control del gasto nacional en salud, estimado este año en aproximadamente 500,000 millones de pesos, según afirmó el especialista en seguridad social Arismendi Díaz Santana.
Díaz Santana, representante de la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT), sostuvo que el dominio sobre estos cuantiosos recursos no depende de quién los financia, sino de quién los paga. En ese sentido, explicó que en los modelos donde el Estado actúa como pagador directo, el control se desplaza fuera del consultorio y se degrada la atención, debido a que el ingreso del médico deja de depender de la satisfacción del paciente para responder a salarios fijos, lealtades políticas o a la protección gremial.
«Con el auge de la medicina pública centralizada, verticalizada y clientelista, la asimetría en la relación médico-paciente se consolidó notablemente, reduciendo al afiliado a una tercera categoría o, como se decía popularmente, a ‘un cero a la izquierda'», aseveró el especialista.
Asimismo, señaló que en la República Dominicana esta disparidad resulta superlativa debido a la postura del Colegio Médico Dominicano (CMD), entidad a la que acusó de operar «por encima de la ley» e imponer sus intereses mediante huelgas y paros que bloquean las transformaciones orientadas a empoderar a los usuarios.
El rol del Seguro Familiar de Salud
Frente al viejo esquema, Díaz Santana destacó que la implantación del Seguro Familiar de Salud (SFS) redujo la desproporción en la relación médico-paciente al facultar al usuario con herramientas de elección y control. Entre los avances del SFS resaltó la coexistencia de ARS y prestadoras públicas y privadas, la libre elección, la firma obligatoria del paciente para validar el pago a los médicos, la administración del riesgo contra fraudes y prescripciones costosas, y la atención primaria como puerta de entrada al sistema.
«Aunque persisten distorsiones e inequidades, hoy el afiliado entra al consultorio con mayor autoridad y seguridad, porque es quien decide a quién asignarle los recursos y cuenta con la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) para reclamar sus derechos, un poder que nunca existió en el antiguo seguro social», argumentó.
Resistencia a la transparencia y los controles
El presidente de la FSSPT denunció que la resistencia a consolidar el sistema proviene de sectores minoritarios que rechazan los protocolos éticos y temen la fiscalización de fraudes, excesos de facturación y el cobro ilegal de diferencias y copagos. A su juicio, estos grupos buscan perpetuar un modelo defensivo y complaciente que prioriza privilegios corporativos sobre el derecho a la salud.
Finalmente, Díaz Santana enfatizó que cuando las instituciones fallan, la salud deja de ser un derecho garantizado. Reafirmó que desde la FSSPT se mantendrá la defensa de los derechos de los afiliados para evitar que sean «rehenes de intereses espurios», al tiempo que abogó por una justa remuneración para los profesionales de la medicina éticos y comprometidos con brindar un servicio oportuno y de calidad.
