Unos 20 clientes de la Cooperativa Herrera se han querellado de manera formal en contra de los ejecutivos de la entidad financiera.

Asegura el Ministerio Público (MP) que durante la administración general del imputado Jorge Eligio Méndez, fue creada una estructura delincuencial, donde se adquirieron bienes suntuosos como villas, vehículos alta gama, yates, entre otros, utilizando como método de pago los certificados financieros desprovistos de garantía.



Este viernes decenas de ahorrantes de la cooperativa herrera acudieron a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste a formalizar sus querellas por alegadamente haberse distraído sus ahorros. Narraron las vicisitudes que han atravesado para recibir el efectivo guardado.

Según el MP  el presidente de la cooperativa nombrabas personas de confianza que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuera un patrimonio propio de Ana Cecilia Tejada Santos,; Julio César Minaya Mejía, a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, sin tener preparación necesaria para este puesto



Con estas personas respondiéndole directamente, se aseguraba de manejar los recursos de la cooperativa de manera discrecional y poder realizar los informes de estados financieros de acuerdo con los intereses del entramado criminal.

De acuerdo a Noticias SIN , en la solicitud de medida de coerción, el órgano acusador señala que utilizando documentos falsos como garantías, se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios los cuales no fueron pagados, sino que dicho dinero era sustraído de los fondos de los ahorrantes.

Asimismo, detalla que se simulaban reestructuraciones de préstamos de forma mensual para hacer aparentar los balances como positivos en los estados financieros de la cooperativa, “pero la realidad es que nunca se pagaba las cuotas de estos créditos”. “Creaban créditos falsos que luego se desembolsaban en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal, y con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico)”, los cuales generaban intereses que si eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.

Se adquirían bienes suntuosos (villas, vehículos alta gama, yates, etc.) utilizando como método de pago los certificados financieros desprovistos de garantía o sin respaldo colateral, los cuales generaban intereses mensuales que eran retirado por los vendedores, y cobrando muchos de estos la cancelación total de los mismos, sin embargo, el dinero pagado salía de los ahorros de los socios.

“Los bienes adquiridos con el dinero de los socios eran colocados a nombre de empresas y de terceras personas, cercanas a los miembros de la estructura criminal”.

Agrega el documento que en los últimos días del mes de diciembre de cada año, “eran librados cheques de parte de los socios miembros de la red, por sumas millonarias y les daban entrada a los estados financieros de la cooperativa” sin embargo, en los primeros días de enero “eran devuelto por falta de fondo” Esta operación permitía reflejar una ficticia liquidez al cierre de año.

De igual forma supuestamente se “falsificaron certificados de depósitos a plazo fijo para poder reflejar una ficticia liquidez”. “Se alteraban los estados financieros y de esta forma poder seguir atrayendo socios e inversiones”, y asegurarse de que se continuaran las operaciones.

Según las investigaciones de las autoridades, con el fin de blanquear los capitales y bienes adquiridos, la red criminal diversificó distintas actividades económicas, adquiriendo programas de radio, agencias de viajes, negociando la adquisición de acciones en bancos múltiples

Alegadamente alteraban los sistemas con la incorporación de datos falsos, haciendo parecer que las cuentas de ahorro de determinados socios habían recibido cantidades de dinero por caja, el cual nunca ingresaba a las cuentas de la cooperativa ni a la bóveda de esta.

Se creaban certificados financieros falsos a nombre de los mismos miembros de la red, quienes tomaban préstamos a la cooperativa y lo pagaban con intereses generados de los certificados sin respaldo.

De igual forma, se aseguró de dejar a su familia en la presidencia del Consejo de Administración, por intermedio de Kenia Del Carmen Liriano Perez, quien ocupó el puesto desde el año 2017, y de esta forma podría seguir desempeñando ambas funciones.

Según los estados financieros los activos registraron un aumento significativo del 91.6%. Este incremento se acentuó aún más en el año 2020, alcanzando un impresionante 110.2%. Esta tendencia continuó en los años siguientes, con un incremento del 35.6% en 2021 y un 32.9% en 2022. Estos porcentajes de crecimiento llaman la atención por su magnitud y sugieren un cambio sustancial en la dinámica financiera de Coop Herrera en comparación con años anteriores.

A pesar de presentarse ese aparente crecimiento en las finanzas de Coop Herrera, la falsa burbuja financiera no fue sostenible, y a inicios del año 2023, la cooperativa no tenía fondos económicos con que satisfacer la demanda de los socios cuando estos se presentaban a hacer retiros por cantidades bajas, dándole las excusas de que no había sistema.

Fue en el año 2018, según la solicitud de medida que se forma una asociación de malhechores entre los imputados Jorge Eligió Méndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea, en ese mismo año son aprobados en Coop Herrera, préstamos por más de cincuenta millones.

En esta etapa de la investigación se han podido identificar un total de 119 personas físicas y jurídicas, vinculadas a Gabriel Santana Borsiela, los cuales fueron utilizados para simular préstamos, crear supuestas aportaciones y certificados a plazos, que generaban intereses que eran retirados por la estructura criminal.

La Oficina de Atención Permanente de SDO fijo el conocimiento de la solicitud de medida de Coerción para este sábado.