Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el miércoles un fallo que mantiene el bloqueo al decreto con el cual el presidente Donald Trump pretende poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes irregulares.
Varios jueces de primera instancia bloquearon la aplicación de este decreto, uno de los más controvertidos del mandatario republicano.
Tras su investidura el 20 de enero, Trump firmó un decreto que revisa el derecho de suelo, un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución y aplicado desde hace más de 150 años en Estados Unidos.
Junto a una serie de normativas destinadas a remodelar el sistema migratorio de Estados Unidos, un punto principal de su campaña electoral, este decreto establece que el derecho a la ciudadanía por nacimiento aplica solamente para los hijos de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes.
El recurso de amparo provisional fue presentado por el Departamento de Justicia para intentar que el texto entre en vigor, pero fue rechazado por los tres jueces de apelaciones, designados por los mandatarios Donald Trump, George W. Bush y Jimmy Carter.
«El gobierno no ha demostrado que tenga un derecho legítimo» a una decisión inmediata, afirmó la jueza Danielle Forrest, según el texto de la decisión al cual tuvo acceso la AFP.
«Decidir cuestiones importantes y sustanciales en una semana no forma parte de nuestro proceso habitual de toma de decisiones», señaló la magistrada, para añadir que las circunstancias «no nos obligan a hacerlo».
El decreto de Trump prohibiría a los entes del gobierno federal emitir pasaportes, certificados de ciudadanía u otros documentos a niños cuya madre se encuentra en Estados Unidos en condición irregular o temporal, y cuyo padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente -o sea, titular de la denominada Tarjeta Verde (green card)-.
Al firmar el decreto, el propio Trump reconoció que esperaba impugnaciones en los tribunales. También consideró que el principio de ciudadanía por nacimiento era «ridículo» y alegó que Estados Unidos sería «el único» país en aplicarlo.
