El Tribunal Superior Administrativo (TSA) volvió a condenar al Ministerio de Turismo (Mitur) y a la Armada de la República Dominicana por no cumplir una sentencia emitida hace más de un año que les ordena cesar de “inmediato de la intromisión” en una propiedad privada ubicada en El Encuentro, Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata.
De acuerdo al Diario Libre, la sentencia, emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, ordenó a Mitur y a la Armada a “que se abstengan de acceder” al inmueble sin la autorización de sus legítimos propietarios.
Las dos instituciones del Estado fueron condenadas a pagar, de manera solidaria, el pago de un astreinte acumulado por incumplimiento de la primera decisión de ese mismo tribunal, emanada en octubre del 2024, a favor de las sociedades Inversiones Calpe e Inversiones Tarancom, S.R.L.
Con la decisión más reciente, la número 0030-1643-2026-SSEN-00180, del 10 de abril de este 2026, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, liquida la penalidad impuesta en una decisión anterior del 2025, que establecía un astreinte diario de RD$1,000 por cada día de desacato.
El tribunal determinó que el Ministerio de Turismo y la Armada Dominicana incurrieron en un incumplimiento durante un período de 213 días, comprendidos entre el 24 de junio de 2025 y el 22 de enero de 2026, que asciende a RD$213,000, suma que deberán pagar de manera solidaria a favor de las empresas demandantes.
A Mitur y a la Armada se les otorgó un plazo de 30 días para el cumplimiento íntegro a la sentencia núm. 0030-1643-2025-SSEN-00312, del pasado día 30 de abril de 2025.
El último fallo aumentó a RD$1,500 la sanción pecuniaria por cada día de incumplimiento de los jueces de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo: Mildred Inmaculada Hernández Grullón, presidente en funciones; Jacqueline Inmaculada Ramos Ureña e Ismael Nehemías Ramírez Santana.
Inversionista se quejó con el presidente por atropellos
El fallo se produce en el marco de una demanda en ejecución interpuesta por las sociedades Inversiones Calpe, Inversiones Tarancom y Mesa Investment Limited, representadas por el inversionista estadounidense Lance Lundeberg, tras alegar que las disposiciones judiciales previas no fueron acatadas, pese a los mandatos expresos del tribunal.
Según un comunicado de prensa, Lundberg había denunciado, mediante un comunicado dirigido al presidente Luis Abinader, atropellos y arbitrariedades cometidos por instituciones estatales con apoyo militar contra el proyecto Encuentro Beach Village, el cual se levanta con más de 400 millones de dólares
