LA ROMANA. El Ministerio Público presentará este viernes, 16 de octubre, ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, la acusación formal sustentada en más de 1,660 elementos de prueba contra los integrantes de la estructura desmantelada mediante la Operación Guepardo, procesados por delitos de lavado de activos y estafa electrónica a través de un esquema inmobiliario.
El expediente, instrumentado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en conjunto con la Fiscalía de La Romana, documenta la afectación directa a más de 426 víctimas, tanto dominicanas como extranjeras. De acuerdo con las indagatorias, la organización promovía y comercializaba proyectos residenciales que carecían de las condiciones legales, operativas y financieras requeridas para su materialización.
La acción judicial incluye la acusación penal contra Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita. Asimismo, vincula como personas jurídicas instrumentales a las sociedades comerciales Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, utilizadas para la captación, administración y ocultamiento de los fondos.
El pliego acusatorio individualiza distintos grados de participación dentro de la red, que comprenden desde la planificación y beneficio económico de las operaciones hasta labores de captación de clientes, administración contable, firma de contratos y atención a las reclamaciones de los adquirientes defraudados.
Por este mismo proceso, las autoridades recordaron que se encuentran detenidas en Colombia las ciudadanas Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi, quienes salieron del país para evadir el proceso penal, por lo que el Estado dominicano permanece a la espera de la resolución judicial correspondiente a la solicitud formal de extradición.
La investigación penal fue coordinada por los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, bajo la dirección institucional de la titular de la procuraduría especializada, Ramona Nova, y de la fiscal titular de La Romana, Reina Rodríguez.
