Santo Domingo. A dos meses y medio de aprobada la Ley especial que reconoce la nacionalidad dominicana a los que habían sido desnacionalizados, la Junta Central Electoral les sigue negando sus documentos de identidad de «forma arbitraria», lo que representa una «burla» al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo, dijo hoy Comité Solidaridad con Personas Desnacionalizadas.
Para dicho Comité, «lo procedente es derogar la resolución 12-07 que inició esa masiva violación de derechos humanos y emitir otra ordenando la entrega de documentos sin dilaciones».
De acuerdo con el Comité Solidaridad con Personas Desnacionalizadas, el artículo 1 de la Ley 169-14, aprobada por el Poder Legislativo el 21 de mayo y promulgada por el Poder Ejecutivo dos días después, establece «un régimen especial en beneficio de los hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción»
Esta Ley, agregó, «no exige condiciones, trámites o atributos adicionales para beneficiarse del régimen especial».
Por el contrario, aseguró, «establece claramente en su artículo 2 que la Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a del artículo anterior.»
No obstante, a más de diez semanas de la promulgación de la Ley 169-14, la JCE «se niega a otorgar las actas de nacimiento a los beneficiarios del régimen especial, violando de forma arbitraria, las disposiciones de orden público establecidas en la misma, como puede comprobarse a partir de la muestra debidamente documentada que presentamos anexa a este documento».
Subrayó, que la semana pasada se le otorgó la cédula de identidad a Juliana Deguis, que provocó la polémica sentencia dictada en septiembre del año pasado por el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la nacionalidad, «después de hacerla pasar por un sinnúmero de trámites que la Ley no dispone».
«El desacato flagrante en que incurre la JCE se erige como un desafío a la autoridad del Poder Legislativo, instituidas en el mandato constitucional de cumplimiento obligatorio a las leyes emanadas del Congreso Nacional, que vinculan a todos los poderes públicos, conforme disponen los Artículos 93 y 109 de la Constitución de la República Dominicana», agregó.
El Comité Solidaridad con Personas Desnacionalizadas deploró «profundamente que algunos sectores actúen con desprecio de la Constitución y la ley y pretendan desconocer un amplio consenso nacional materializado en la Ley 169-14, que aceptamos, a pesar de sus limitaciones, como transacción a un conflicto que mantiene el país en un grave escándalo internacional con potencialidad de alcanzar una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que acarrearía serias repercusiones internacionales». EFE
